Andrés Manuel López Obrador lo abandonó entrever a fines de marzo, una vez que mandó la idea a la Cámara de Diputados. La contrarreforma del sector de los hidrocarburos busca facilitar la suspensión de roles de compañías privadas en nombre de lo cual el mandatario llama “soberanía energética”. “Es imperativo el fortalecimiento de las organizaciones productivas del Estado mexicano como garantes de la seguridad”, reza, en alusión a Petróleos Mexicanos (Pemex) el escrito remitido al Poder Legislativo que este miércoles ha tenido el observado bueno del pleno de la cámara baja. La iniciativa se confrontará a varios obstáculos, debido a que contraviene no solo la reforma constitucional energética aprobada por la Gestión anterior, sino además convenios comerciales con USA y Canadá, y la Alianza Europea.
La reforma a la Ley de Hidrocarburos, aprobada por 292 votos a favor ante 153 en contra y 11 abstenciones, abre la probabilidad de que el Regimen expropie las operaciones de privados, explica el analista especializado en energía Gonzalo Monroy. “Tiene que ver con la suspensión arbitraria, indefinida”, dice Monroy. “Combinada con la probabilidad de que el Estado logre suplantar con la compañía del Estado [u otro] en las operaciones, sin compensación de por medio, es bastante malo”. La idea le permitiría al Estado alegar que por atentar en contraposición a la estabilidad nacional o energética, o la economía nacional, las operaciones de privados que cuenten con roles para operar tienen la posibilidad de ser intervenidas. Le correspondería al permisionario, garantiza Monroy, enseñar que el caso se ha solucionado y lo tendría que hacer “sin compensación ni tampoco reconocimiento de precios o contraprestación por uso de las instalaciones”.
Dichos 3 condicionales, o sea, atentados en oposición a la estabilidad nacional, la estabilidad energética o la economía nacional “son 3 conceptos que significan todo y significan nada”, dice Óscar Ocampo, analista e investigador del sector energético para la organización sin objetivos de lucro el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), “porque no hay criterios de qué es algo que pone en peligro estas cosas. Aquello es lo cual es lo más arriesgado de la idea, que no quedan claros los criterios bajo los cuales van a funcionar Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía”.
Ocampo coincide con Monroy en que esta es una iniciativa que, a diferencia de la enviada por el mandatario para reformar la zona eléctrico, “sí se habla propiamente de una expropiación directa”, debido a que el Estado tendría la facultad de que una compañía provechosa del Estado logre operar en instalaciones privadas. “Esta reforma es un traje a el tamaño para favorecer a Petróleos Mexicanos y por lo mismo tiene ningún elemento de superiores servicios o mejorar precios”, garantiza Ocampo. De pasarse, Ocampo espera que se enfrente a diversos amparos y obstáculos legales, debido a que conviene convenios comerciales regionales como el Transpacífico, así como el T-MEC con EE UU y Canadá y el consenso con la UE.
El 8 de abril, la COFECE recomendó al Congreso no aprobar esta idea argumentando que “de aceptarse en sus términos, la idea con plan de decreto por el cual se reforma y adiciona la Ley de Hidrocarburos perjudicaría de forma negativa el proceso de competencia y independiente concurrencia de la cadena de costo de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, lo cual podría ser en una disminución de la oferta de bienes y servicios en la industria, con el consecuente incremento en los costos que pagan por ellos las familias y organizaciones mexicanas”.
El efecto en la economía mexicana no unicamente se verá perjudicado en términos de competencia, además en la incertidumbre y líos legales en que quedan inversores en el territorio. La reforma iniciativa podría ser retroactiva, explica Monroy, por lo cual las “empresas que podrían exportar petróleo, producto de la reforma pasada en la Gestión anterior, ahora por el momento no puede realizarlo libremente. Es decir una violación directa a los contratos”.
Esta contrarreforma, de acuerdo con el primer borrador del escrito, replica la filosofía de la reforma del sistema eléctrico, que quedó paralizada por en los tribunales y que López Obrador ha amagado con desatascar por medio de una reforma constitucional. El jefe pretende enterrar la herencia de su antepasado, Enrique Peña Nieto, en todos los espacios, sin embargo la zona energético es posiblemente la punta de lanza de aquel objetivo. Y al igual que la reforma eléctrica, a pesar de la suspensión de parte de la justicia, se convirtió en un desincentivo para la inversión y si al final entra en vigor va a tener un durísimo efecto económico y ambiental, según los profesionales, además los cambios propuestos a la Ley de Hidrocarburos preocupan a los sectores productivos.
El IMCO destaca que la ley “afectaría el ya deteriorado clima de inversión que se observa en la zona energético a partir de el principio de la presente Gestión y en especial desde la actual asentimiento de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica al atentar contra el Estado de derecho”. A aquello se incorpora la deficiencia de vértigo que acumula la organización paraestatal que se beneficiaría del proyecto. Pemex acumula bastante más de 110.000 millones de dólares de deuda y López Obrador pretende de alguna manera rescatarla. “Con el objetivo de que mantenga su papel preponderante en el área de hidrocarburos, esta iniciativa de reforma busca mover al sector privado que participa en dichas actividades”, continúa el IMCO en un reportado.
El Regimen y el partido del mandatario, Morena, permanecen decididos aprobar la nueva ley por la vía exprés, como ocurrió con la reforma eléctrica y en vistas de renovación de la Cámara de Diputados en las elecciones del próximo 6 de junio. Tras la asentimiento en la Comisión de Energía, la controversia de la ley ha pasado enseguida al Pleno, donde la oposición ha manifestado su rechazo más absoluto a la idea. El PRI y el PAN ha calificado de inconstitucional el intento de reforma. Desplazamiento Habitante ha desmontado el argumento de López Obrador de acuerdo con el cual dichos cambios legales ayudarían a combatir la corrupción. El Partido Verde, aliado de Morena en el Congreso, además ha criticado la idea al advertir de que la supresión de la competencia además puede tener implicaciones del medio ambiente. La formación de Regimen defendió el plan como un instrumento para combatir el huachicoleo o tráfico ilegal de combustible.
Su alcance va muchísimo más allá, no obstante, e impacta en la economía mexicana, en la percepción que del territorio tiene los inversores y continúa por la vereda emprendida por López Obrador, que en su sexenio busca dejar huella en el área energético. De acuerdo con la tesis del consultor David Shields, desea hacer historia a costa del sector eléctrico y de los hidrocarburos: “En México los mandatarios nacionalistas que expropiaron y nacionalizaron son los enormes héroes”.
