La sustentabilidad está marginada en México, ha sido expulsada del discurso político y languidece en el debate público. El de hoy regimen, a casi 2 años y medio de llegar al poder, ha confirmado que esta no forma parte activa de su programa, sino que la estima secundaria. Además ha dejado de lado la calidad ambiental del desarrollo.
En este Día Universal de la Tierra seguramente habrá celebraciones y festejos por parte gubernamental, empero está pendiente un examen crítico sobre la política ambiental en el territorio
unque la noticia del día va a ser la Cumbre de Calentamiento global convocada por el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, que marcará la vuelta estadounidense a las negociaciones globales en el asunto, es un óptimo instante para reencauzar nuestro quehacer en la sustentabilidad ambiental: México debería enfocarse a consumar con las metas y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable, lo que poco se discute y menos se vigila.
Hoy es complicado imaginar en el planeta un plan nacional que no incluya la custodia de los ecosistemas y sus servicios, ejerza un compromiso con la reducción de las emisiones de gases de impacto invernadero o asuma que la paz social pide limpiar el aire, afirmar agua limpia para todos y sanear cuencas hidrológicas, entre otros fines centrales. Por cierto, no puede hablarse de un plan de desarrollo si está fuera la sustentabilidad, y en otros términos justamente lo cual pasa hoy en México.
Este vacío se reconoce en diversos frentes, entre los que resaltan el debilitamiento institucional y presupuestal, el ataque a las empresas civiles, la improvisación en programas y proyectos, la carencia de aplicación de las normas e artefactos de defensa ambiental, y la renuencia a fomentar la transición energética. Llama la atención la falta de liderazgos públicos para afrontar la crisis en la degradación de los ecosistemas, y la forma en que se está dejando ir la posibilidad de lograr una recuperación y recomposición sustentables tras la enfermedad pandémica por coronavirus.
Aun cuando a grado federal dicha es la constante, hay varias entidades como Ciudad de México o Jalisco que huyen a este cuadro.
La política ambiental mexicana ya estaba dañada a partir de anterior a diciembre de 2018, una vez que tomó posesión esta gestión. En años pasados ya se le había retirado buena parte del apoyo político y de los recursos presupuestales. Sin embargo nada cambió. En menos de 2 años ha habido 3 secretarios de Medio Ambiente, lo que ha creado inestabilidad en la administración y la subordinación de las elecciones del medio ambiente a los megaproyectos gubernamentales que son emblema de este regimen. Los mecanismos de control como las evaluaciones de efecto y peligro, los programas de ordenamiento ecológico de la región, la inspección y la vigilancia de la aplicación de las leyes, entre otros, se relajaron para apurar obras como el Ferrocarril Maya o la refinería 2 Bocas.
A partir de este regimen hay muchas críticas válidas a las políticas públicas pasadas, empero hasta ahora no se han emprendido reformas para que las instituciones, las prácticas de administración y los programas del medio ambiente se fortalezcan.
A la inversa: ha ocurrido un proceso de desmantelamiento, con la afectación de zonas operativas simples como la prevención y el control de incendios forestales, la carencia de insumos para proteger las zonas Naturales Protegidas, o la abolición y debilitamiento de programas exitosos como los de custodia de servicios del medio ambiente.
La austeridad extrema de este regimen está ocasionando un mal a las habilidades públicas para la custodia ambiental, agravando el violencia que venía de la gestión anterior. En el trienio 2019–2021, el presupuesto ambiental se ha limitado alrededor de 43%, lo cual está perjudicando a organismos estratégicos como la Comisión Nacional de superficies Naturales Protegidas, la CONAGUA, la Comisión Nacional Forestal y otras, no solo en sus funcionalidades operativas sino además en la inversión, dejándolas bajo el límite de su capacidad de acción.
A medida que tanto, empresas del medio ambiente han recibido presiones una vez que ejercen su derecho a cuestionar proyectos públicos, por medio de señalamientos y acusaciones infundadas, inclusive por parte del mandatario Andrés Manuel López Obrador. Hay un clima de hostilidad hacia las empresas sociales y de productores que promueven los derechos del medio ambiente, y un aumento en las amenazas y agresiones a quienes protegen el ambiente. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental la ha nombrado “una maltrato estructural y generalizada en oposición a quienes defienden el patrimonio natural y el territorio”.
